(...) El tratamiento de la minorías religiosas en Turquía, también presenta un importante reto. Mientras que la separación entre la Iglesia y el Estado no ofrece ninguna duda en los Estados miembros de la Unión (a pesar de que en muchos de ellos hay una amplia tendencia a mantener su identidad cristiana), no se puede afirmar lo mismo de Turquía. En este país la religión no está separada del Estado sino más bien controlada por el mismo. La enseñanza del Islam es obligatoria para todo el mundo con excepción de las personas que pertenezcan a alguna de las minorías religiosas reconocidas en el Tratado de Lausanne (aunque existen otras que no tienen tal reconocimiento).De igual modo, en el carné de identidad y en el pasaporte figura un código que determina a que religión pertenece el individuo; si la religión pertenece al ámbito privado ¿por qué ha de aparecer en los documentos oficiales? Recientemente, la Santa Sede ha denunciado la situación en la que se encuentran los cristianos en Turquía. El presidente del Pontificio Consejo Vaticano para la Cultura, Paul Poupard, se ha opuesto a la entrada de Turquía en la UE, al menos hasta que los cristianos puedan gozar de plena libertad religiosa.
Aunque en los últimos años se han introducido varios paquetes de reformas que abarcan la libertad religiosa, en la práctica, aún queda mucho camino que recorrer. En el último informe anual que realiza la organización católica Ayuda a la Iglesia Necesitada queda reflejado que dichas reformas son aún insuficientes puesto que a los cristianos se les trata como ciudadanos de segunda, se les impide el acceso a instituciones públicas ya sean civiles o militares y la posibilidad de construir Iglesias es prácticamente nula.
Los musulmanes que deciden convertirse al cristianismo son marginados socialmente y, en más de una ocasión se ha agredido e incluso detenido a personas por predicar otra religión que no sea la musulmana (en particular la rama sunní). Además, las comunidades cristianas no tienen un reconocimiento civil por lo que no pueden adquirir propiedades, perteneciendo éstas al Estado. En numerosas ocasiones este hecho ha ocasionado que el Estado haya expropiado a estas comunidades los lugares donde viven o ejercen sus actividades. (...)
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